Este martes se reunirán funcionarios de Economía con referentes sectoriales. En Hacienda reconocieron que trabajan en medidas para impulsar el crédito. Las negociaciones por las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y la conformación del FAL
El ministro de Economía, Luis Caputo, apuesta a la construcción para apuntalar a la actividad económica en el segundo semestre. De hecho, afirmó que los “mejores 18 meses” iban a llegar de la mano de Inocencia Fiscal y de la concesión de los 9.000 kilómetros de rutas nacionales.
En ese contexto, funcionarios del Palacio de Hacienda entablan negociaciones con el sector para saldar deudas con contratistas del Estado y ya se pusieron sobre la mesa propuestas para reactivar la construcción de viviendas para la clase media a partir de la venta de las acciones que posee el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FSG) y para la conformación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL).
En el Ministerio de Economía ya preparan medidas para estimular el crédito en el sector de la construcción. El viceministro, José Luis Daza, confirmó en una entrevista reciente con la Televisión Pública que están analizando distintos canales para acelerar que el acceso al crédito tanto en pesos como en dólares. Sin embargo, quienes forman parte de las mesas de negociación aseguran que cada propuesta presentada ante los funcionarios que responden a Caputo queda en revisión y no avanza con rapidez.
En este marco, el secretario de Coordinación de Infraestructura y Transporte, Fernando Herrmann, adquirió un rol central en el diálogo con las empresas. Herrmann asumió la interlocución principal con la Cámara Argentina de la Construcción (Cammarco), sobre todo después de la salida de Carlos Frugoni del cargo. Este martes, Herrmann tendrá una reunión clave con las autoridades de Cammarco, donde se discutirán las condiciones del bono para cancelar deudas con contratistas estatales por hasta 220.000 millones de pesos.
Según fuentes empresariales, la adhesión al bono genera interrogantes, ya que implica que las empresas renuncien a cualquier otro reclamo ante el Estado. “Depende de las empresas: algunas van a adherir porque no tienen reclamos, alguna otra va a adherir porque el reclamo no es importante y otras quizás no lo hacen y siguen por otro camino. Como no está clara la adhesión, aún no se sabe si el monto alcanza o no”, explicó una fuente consultada por Infobae.
